Urgente: modernización racional de Servicios Públicos

Olga Feliú

La modernización del Estado es una necesidad evidente e impostergable. Ella se viene reclamando desde hace mucho tiempo y hay diferentes trabajos muy completos sobre la materia que permitirían iniciar un proceso bien fundamentado. El abultado número de servidores públicos, que además se incrementa día a día, como lo demuestran las cifras de la Ley de Presupuestos, no se condice con la calidad de los servicios que reciben las personas en cada una de las áreas en que se prestan funciones públicas, irreemplazables.

Pero, para modernizar la Administración se deben tener presente también, los principios jurídicos básicos aplicables a los derechos de las personas. La Constitución, al señalar las Bases de la Institucionalidad, menciona al hombre y a la familia, y luego prescribe, específicamente, que el Estado está al servicio de la persona humana y que su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear condiciones sociales que permitan a todos su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías constitucionales.

La modernización del Estado, entonces, supone aceptar la concepción de que el individuo es el centro de la gestión pública y que es necesario que éste perciba la mayor transparencia en el proceso y que acepte como legítimas las acciones de los órganos del Estado porque éstas, además de ajustarse a la Constitución y a la ley se adoptan con racionalidad.

Por otra parte, el conocimiento económico y los avances científicos y tecnológicos señalan que las acciones deben hacerse en la forma más económica posible y con el mayor grado de perfección. Esa es la eficacia a la que alude y exige la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración. En el pasado nadie se preocupaba de los gastos. Hoy, no es así. Debe cuidarse que exista la mayor focalización del gasto y que la mayor acción se ejecute con la debida economía y así centrar en los más desposeídos los siempre insuficientes recursos fiscales.

Lamentablemente, los fundamentos de derecho recordados no siempre se respetan. Con la prolongada huelga del Servicio de Registro Civil, además de otros perjuicios que se causaron, se lesionó la dignidad de las personas que requerían de sus documentos, tal como lo declararon públicamente los afectados, y lo pudimos apreciar, con compasión.

Las personas que deben concurrir a recintos hospitalarios públicos no reciben la atención que merecen. Son incomprensibles las declaraciones de que no habrá concesiones para construir hospitales públicos, si se tienen presente las condiciones inhóspitas e insalubres del Hospital Salvador, por ejemplo, y de muchos otros, que deben soportar quienes se encuentran obligados a acudir a ellos. También ahí se lesiona la dignidad de las personas.

Pero, lamentablemente, el tema no para aquí. Hay proyectos que actualizan las leyes orgánicas de algunos servicios en que se olvidan la separación de los Poderes y los derechos de las personas, como ocurre con el Sernac, servicio público fiscalizador, al que se propone entregarle funciones normativas, que invaden las del Parlamento, sancionatorias, propias de un Tribunal y de investigación de conductas, propias de un Ministerio Público. ¿Respetan esas proposiciones el debido proceso de los fiscalizados, la tipicidad de conductas sancionables, o el respeto a la privacidad?

Ahora, ha aparecido el ofertón de precios bajos de productos farmacéuticos por órganos estatales. A nadie puede parecerle mal que le vendan a precios bajos los remedios que requiere, pero cabe preguntarse si al proponerse se han considerado los servicios estatales involucrados y el impacto de la medida. ¿Existen estudios sobre la materia? En esta insólita propuesta -como en muchas otras que observamos día a día- se prescinde de lo que debe ser el ejercicio de la función pública y de lo que es de competencia del Estado.
Es por lo expuesto, que el Gobierno debiera, sin más dilación, a la luz de los casos concretos recordados, dar inicio a un proceso de modernización de la Administración, considerando sus roles y dotaciones, todo ello enmarcado en la legalidad, la economía de recursos públicos y la racionalidad de las propuestas.